Comunicación para el Bienestar
El cúmulo de recciones continúa en la coalición denominada “Va por México”, encabezada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) después de los resultados electorales obtenidos en los pasados comicios. Ante esto, una de sus más polémicas decisiones ha sido declarar lo que llaman una moratoria constitucional para rechazar cualquier iniciativa constitucional que pudiera presentar ante el congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, lo señalado en el artículo 61 de la Constitución parece ser el fundamento legal más cercano a la figura de la “moratoria constitucional”, misma que no está expresa en ninguna ley secundaria o reglamento legislativo.
Queda entonces analizar las razones concretas y de peso que pudieran legitimar la existencia de la llamada moratoria. Es decir, queda en el aire la duda referente a conocer si lo que la coalición busca es en realidad manifestarse ante alguna propuesta concreta de modificación a la carta magna, sobre todo si se percibe que habrá de impactar negativamente en la vida, tanto de los partidos políticos como de los órganos electorales.
Tal como lo dijo Santiago Creel, la moratoria es una “definición política de Va por México en torno a las reformas constitucionales (el subrayado es nuestro) del presidente López Obrador, que vulneran la autonomía, la independencia y la integración del actual INE y que, por otra parte, pretende militarizar la seguridad pública del país”.
Así la cosa queda clara, la moratoria es una estratagema legislativa para frenar las intenciones de reforma constitucional que, por un lado, van encaminadas a la desaparición de los órganos electorales estatales, los tribunales electorales locales y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dejando todo el peso electoral en el propuesto Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, además de contemplar la reducción de consejeros electorales y de tener una fórmula legislativa confusa que algunos han interpretado como la eliminación de los plurinominales y otros como una trampa para que todos los legisladores, al final, sean electos mediante listas y no a través del voto.
Por otro lado, esta acción también tiene la intención de frenar la reforma que propone la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, acción con la cual se militarizaría el sistema de seguridad pública nacional, poniendo en materia de discusión las libertades y soberanía ciudadanas.
Hay que recordar que la figura de moratoria ya fue implementada por la coalición durante la discusión de la reforma energética, por lo que ahora pretenden repetir la fórmula con una muy mala estrategia de comunicación, que ha generado confusión entre reporteros, analistas y ciudadanos que la han interpretado como la parálisis total del ejercicio legislativo, cosa que no es así, pues las cámaras seguirán discutiendo leyes generales, más no aceptarán ninguna propuesta de reforma constitucional.
Y es que una decisión como la señalada, corre el riesgo de ser entendida de múltiples formas, muchas de ellas negativas y alejadas del espíritu de la moratoria, como suponer que hay una resistencia de los legisladores para llevar a cabo su trabajo, o bien de ser en extremo quisquillosos al vetar de antemano cualquier iniciativa constitucional.
Crear un bloque conformado por miembros de varios partidos políticos, como tal no es malo, ni es nuevo en el mundillo legislativo en donde se discute, se cabildea y, desde luego se constituyen grupos integrados por legisladores de las diversas bancadas con el fin de frenar o permitir el avance de alguna iniciativa. No obstante, en una parte importante de la ciudadanía queda la impresión de que la decisión sobre la moratoria constitucional es una medida muy poco explicada y tomada al calor de los últimos resultados electorales. La decisión, insistimos, ha sido poco discutida por los legisladores en los diferentes sistemas informativos, y parece una decisión ya tomada e inamovible.
Ahora, la moratoria legislativa ¿es un tema para rasgarse las vestiduras? No. Lo que debe quedar más que claro que es un asunto político y mediático. Hasta el mismo presidente sabía que sus reformas no iban a pasar, pero la oposición decidió hacer público su amago, grave error que les está costando muy caro porque su falta de claridad comunicativa y habilidad política, han propiciado el efecto contrario; que el presidente capitalice el tema a su favor, posicionando en la opinión pública la idea de ostracismo legislativo ¡de por sí!
