Redaccción Sentido Común
La presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Salma Luévano Luna, destacó la necesidad de que haya una Ley General Trans, pues se tiene una deuda pendiente con este sector de la población.
Sobre todo porque México es el segundo país con más crímenes de odio contra las mujeres trans, después de Brasil, afirmò. Además, dijo, las estadísticas de vida son de 70 a 75 años para el grueso de la población, pero “nosotras no llegamos ni siquiera a los 35 años”.
La legisladora de Morena indicó que el no tener políticas públicas hacia la infancia trans, ésta sufre bullying en sus entornos, lo que lleva en ocasiones al suicidio, y en la adolescencia son presa fácil del crimen organizado. Ante ello, apuntó, existe la necesidad de trabajar en la Ley General Trans en materias de vivienda, salud y justicia.
Por su parte, la coordinadora General de Recursos Humanos del Infonavit, Ivonne Rosales Ortiz, reconoció que la comunidad trans ha enfrentado históricamente muchas inequidades y uno de ellos es el derecho a la vivienda. Aseguró que se requiere la adopción de medidas de nivelación e inclusión, acciones afirmativas y políticas públicas encaminadas a corregir y prevenir que estas personas sean tratadas de manera menos favorable, así como garantizar la igualdad y el respeto en materia de vivienda.
Óscar Tlacaelel Muñoz Bravo, exdirector de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, estimó apropiado que en la Ley General Trans se reitere el derecho a la vivienda como un bien humano relevante plasmado en la Constitución. Subrayó que los tres órdenes de gobierno, los poderes y la sociedad, deben trabajar e instrumentar legislaciones como esta ley.
Alejandra Morales, de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que se tiene la oportunidad de ampliar los derechos y que éstos queden precisos en la ley. Consideró que dicha norma se puede enriquecer al incluir las definiciones de términos como cisgénero, integralidad, interseccionalidad, sustancias modelantes y transfeminicidio.
Gabriela Vargas Flores, investigadora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, consideró que la propuesta enfrenta dos obstáculos, uno político porque el Congreso no tendría facultad para emitirla y legislar en la materia y podría ser imputable por algún grupo conservador, y otro es la dificultad presupuestaria, pues sin recursos las políticas públicas solo son buenas intenciones.
Stalin Muñoz, investigador Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, dijo que podría haber un riesgo de inconstitucionalidad porque el Congreso no tiene facultad para emitirla; detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que las leyes generales no se pueden emitir de mutuo propio, sino que deben derivar de estipulaciones constitucionales expresas.
Yezmín Aurora Lehmann Mendoza, directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, afirmó que las y los diputados tienen el apoyo del instituto para garantizar el acceso a la seguridad y recalcó el compromiso de trabajar juntos para fortalecer la ley que es bastante humana y respeta los derechos humanos. Informó que instrumentaron acciones para garantizar, otorgar y reconocer las pensiones a los concubinos del mismo sexo.
Juan Carlos Mendoza Pérez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, consideró que esta ley general es un buen ejercicio porque está construida desde el pensamiento, necesidades y consultas realizadas a las personas trans.
Recomendó modificar las guías clínicas, los listados de institucionales de insumos para la salud, porque el personal médico está atado de manos, ya que los medicamentos no están diseñados para la reafirmación de género.
Oyuky Martínez, de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), estimó que los servicios de salud pública deben reconocer la identidad de género de las personas, ya que este es el primer paso para romper los procesos que han generado la falta de atención, el estigma, la exclusión y la discriminación en el acceso al derecho a la salud.
Daniela Muñoz Jiménez, médica cirujana y fundadora de las clínicas C.E.O. Transsalud, subrayó la importancia de crear las normas oficiales mexicanas y el Instituto Nacional de Salud Trans. Planteó que las universidades deben impartir la materia de salud trans. “Necesitamos un día que nos haga justicia y celebre nuestra salud”.
Alejandro Félix González Pérez, de la SCJN, indicó que la esencia de esta iniciativa es establecer los principios y mecanismos que posibiliten a las personas trans el pleno goce y garantía de sus derechos.
Edith Guadalupe Esquivel Adame, también de la SCJN, mencionó que la iniciativa recoge las consideraciones en las que ha abundado la Corte, que reconoce el derecho de las infancias trans para poder obtener los documentos necesarios y poder ejercer su derecho a la identidad, armonización, pero también hay otro aspecto que no se ha abordado que es el tema de los supresores hormonales.
Héctor Hidalgo Victoria, de la Suprema Corte de Justicia dijo que la intención de esta legislación es garantizar a las personas trans la seguridad jurídica y la protección ciudadana, los cuales son dos principios muy importantes porque pretenden garantizar un bien jurídico todavía mayor que es el derecho a la vida, por lo que se debe hacer todo lo posible para garantizarlo. Consideró importante consultar a la comunidad trans sobre la adopción de medidas para lograr eficacia.
