Rubén Aguilar Valenzuela
Pasan las semanas y se acumulan pruebas de la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones de junio y se registra como distinto, a procesos anteriores, que el mismo día de los comicios algunos candidatos fueron amenazados en distintas zonas del país.
De septiembre de 2020 a junio de 2021, las fechas que comprende la totalidad de la contienda, se registraron 910 hechos de violencia cantidad mayor a los que ocurrieron en 2018, que ya se contaba como la elección más violenta en la historia del país. Los asesinatos fueron 150.
El lunes 23 de agosto, los presidentes del PAN, PRI y PRD estuvieron en Washington, para denunciar la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de este año en México.
Primero visitaron a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y después a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Les hicieron entrega de un documento de 57 páginas donde se afirma, entre otras cosas, que la intromisión del crimen organizado no solo sucedió a lo largo de los meses de las campañas sino el mismo día de la elección.
El documento registra hechos probados de la intervención del crimen organizado en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y San Luis Potosí, entre otros estados.
El documento plantea que “el crimen organizado apoyó, impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte del país” y reconoce que se ofrece una relación de hechos todavía incompleta.
Los dirigentes de los partidos plantean la necesidad de seguir reuniendo información y solicitan a Almagro, que la OEA nombre una comisión especial, para investigar sobre la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones.
La denuncia es relevante porque pone sobre la mesa de la discusión la realidad probada del crimen organizado en los procesos electorales, en el pasado la actitud del gobierno y los partidos ha sido ignorarla.
De manera abierta y contundente la oposición ahora acepta que el problema está ahí, que es grave y deben tomarse medidas con carácter de urgente. El gobierno continúa en la negación.
Es evidente que con el paso de los días se seguirán acumulando evidencias. Las formas de intervención fueron múltiples y apuntan a que Morena fue el partido más favorecido. Hay muchas preguntas sin resolver.
El Estado mexicano se enfrenta a un problema de Seguridad Nacional, que requiere que el gobierno, los actores políticos y la sociedad se decidan a actuar. La democracia está amenazada.
La actitud no puede ser dejar hacer al crimen organizado que ha sido la estrategia que presume el presidente López Obrador. De ser así, lo que sigue es que los delincuentes controlen cada vez más tramos del proceso electoral en distintas regiones del país.
