Rubén Aguilar Valenzuela
México necesitaba una reforma judicial verdadera, que no tuviera como origen el odio y la venganza. Una donde la justicia dejara de sentirse lejana, reservada solo para quienes tienen poder o dinero.
Por eso, cuando se anunció la elección de jueces por voto popular, algunos, en realidad son muy pocos los electores que están enterados de la reforma, vieron una oportunidad histórica para transformar el Poder Judicial. Pero esa esperanza no tenía fundamento.
El proceso nació torcido y las reglas no fueron claras, las decisiones se tomaron entre muy pocos, los que hoy detentan el poder, y las listas de candidatos se armaron en lo oscuro. Lo que se anunció como una elección ciudadana terminó siendo una jugada política más de los ahora dueños del poder.
Las personas, que debían ser el centro de todo, fueron dejadas de lado. No participaron en la selección, no tuvieron voz en las reglas y, lo más grave, por primera vez en la historia no serán ellas las que cuenten los votos sino el personal contratado por el INE. ¿Qué clase de elección ciudadana es esa?
El gobierno prometió independencia en la elección de las y los candidatos, pero colocó, a través de las distintas instancias, a los más fieles y cercanos, no a los más capaces. Prometieron participación, pero cerraron las puertas. Lo que debía ser un ejercicio democrático se convirtió en una burda simulación.
Por eso, votar en estas condiciones no solo es inútil, sino que es legitimar lo que se hizo mal. Hay muchas razones para no hacerlo:
- El proceso de la reforma no quiere transformar al Poder Judicial sino someterlo al Poder Ejecutivo.
- El proceso arrancó mal, con decisiones cerradas y sin claridad. Su origen es el odio y la venganza.
- No hubo transparencia ni participación desde el inicio. Es un proceso manipulado desde el Poder Ejecutivo.
- La ciudadanía fue excluida en cada paso.
- Las listas responden a intereses políticos, no al mérito.
- La elección no es libre ni justa.
- Los ciudadanos no contarán los votos. Las boletas no usadas en las casillas no se van a invalidar. Después de la elección se pueden llenar.
- La legalidad se pisoteó desde el arranque. Todo indica habrá fraude.
- No hay independencia, solo alineación con el poder.
- Participar es convalidar una farsa.
Y lo más preocupante es que esta aberración histórica no va a ser fácil de deshacer. Instalar un sistema judicial sometido al poder construye tiranía. Y desmontarlo puede tomar décadas. Para entonces, el daño institucional ya estará hecho. Y lo más grave: corregir este modelo será muy difícil. Una vez instalado un Poder Judicial afín al Poder Ejecutivo, no habrá incentivos para rectificar. Las consecuencias se sentirán durante décadas.
Hoy no se trata de cruzarse de brazos, sino de no convalidar una farsa y un fraude anunciado. Por eso no hay que votar. La justicia debe construirse sobre legalidad y confianza, no sobre trampas ni simulaciones.
México merecía otra cosa. Una reforma seria, honesta, nacida desde abajo. Hoy se perdió una gran oportunidad. Pero no todo está dicho. Porque la justicia no se decreta. Se construye. Y se construye con la gente, no sin ella. El futuro de la impartición de la justicia es por lo pronto oscuro.
