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La posverdad judicial

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Luis Rubén Maldonado Alvídrez

La palabra posverdad se puso cómoda en nuestro imaginario colectivo, gracias a un personaje como Donald Trump. Desde 2016, ha sido incorporada plenamente a nuestro vocabulario y desde hace 7 años, es integrante del diccionario de la Real Academia Española (RAE).

Desde aquel entonces, la posverdad ha sido de obsesivos estudios académicos, especialmente en el ámbito de la comunicación política.

Según el diccionario de la RAE, la posverdad es definida como: “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

Según el profesor de comunicación estratégica y comunicación política de la Universidad Pontificia Comillas, Roberto Rodríguez Andrés, (en el texto publicado en The Conversation https://bit.ly/40cPHyu)  hay tres elementos clave que analizar en la definición expuesta líneas arriba:

  • En primer lugar, su relación con la mentira, entendida como una distorsión de la realidad, lo que la convierte en una práctica manipuladora.
  • En segundo lugar, la intencionalidad, lo que significa que para que haya posverdad ha de existir un agente que, deliberadamente, difunda esas realidades distorsionadas para influir sobre la opinión pública, en la mayor parte de los casos en el ámbito político.
  • Y, en tercer lugar, el hecho de que esta práctica se dirija no solo a las creencias (o pensamientos) de los ciudadanos, sino también a sus emociones, que son las que más movilizan el comportamiento humano.

Parece ser nada nuevo bajo el sol. Es decir, la mentira ha estado presente desde que la humanidad existe; qué decir de la política, en la que su presencia es prácticamente obligatoria para tener éxito (casos como Donald Trump o López Obrador).

Como olvidar tantas historias de la Segunda Guerra Mundial en las que la protagonista era la desinformación y el engaño.

La famosa“Operación Himmler”, es un ejemplo clarísimo de ello, en lo que podemos considerar la prehistoria de las redes sociales: era el 31 de agosto de 1939, cuando miembros de las Schutzstaffel o “escuadrones de protección” alemanas irrumpieron en una estación de radio alemana de la frontera de Gleiwitz, haciéndose pasar por porros polacos. En la cabina de la radiodifusora, conectaron un micrófono, por el que obligaron a un intérprete asegurar que la emisora estaba en manos polacas. Además, produjeron “evidencia” del ataque: los nazis asesinaron y vistieron con uniformes polacos a prisionerosdel campo de concentración de Dachau.

Con este montaje, la Alemania de Hitler buscaba invadir Polonia sin previa declaración de guerra.

El cerebro de esta operación fue Alfred Helmut Naujocks, quien no dudó en utilizar un medio de comunicación masivo, para distorsionar de manera deliberada la realidad, ante el público alemán de la época; manuipuló sus creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales que justificaran y exigieran la declaración de guerra. Es decir, estos “hechos alternativos”.

Justo como lo que estamos viviendo en México.

Los “hechos alternativos” suelen ser más populares que los “hechos objetivos”: ahí está la narrativa de Morena y López Obrador que logró dominar absolutamente la conversación pública todo su sexenio.

Ha sido ampliamente investigado el fenómeno de la posverdad en la comunicación política, pero en la actualidad mexicana está afectando al poder más sólido del Estado mexicano: el judicial.

Investigué sobre este fenómeno en materia judicial y me encontré con el nombre de Javier Vilaplana Ruiz, abogado especializado e la resolución de conflictos, que cuenta con el grado en Filosofía y maestía en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. Es autor de libro “La posverdad a juicio. Un caso sin resolver “(Los libros de la Catarata, 2021), que es una verdadera joya.

Aquí una pincelada de este: “¿no es acaso cualquier juicio una representación en la que concurren al menos dos versiones antagónicas acerca de hechos ya pasados y que necesitan ser nuevamente descritos y, por tanto, interpretados para que pueda establecerse un veredicto? La apelación a los sentimientos de la audiencia, la impugnación de los argumentos de la otra parte, la utilización de sofismas y falacias, el recurso a explicaciones alternativas son recursos empleados comúnmente por acusación y defensa en los juicios, sin que ello suponga el incumplimiento o el menoscabo de la ley”.

Y continúa: “Los actos y procedimientos que conforman un proceso judicial culminan con la decisión de un juez, en función de la credibilidad, verosimilitud o probabilidad de los relatos de cada una de las partes litigantes, a fin de fijar la llamada verdad procesal que, diferente de la verdad histórica o noticiable, busca restablecer la paz social tras un determinado conflicto”.

Ante la reforma judicial, que es combatida desde el Poder Judicial de la Federación y de algunas entidades federativas de manera legal, esta semana ante una suspensión ordenada por una jueza veracruzana para que el Poder Ejecutivo retire del Diario Oficial de la Federación, la reforma en mención, la presidenta de México se ha negado a acatar dicha resolución, pronunciando la crisis constitucional mexicana, pero especialmente, otorgándole un gran triunfo a la posverdad: las leyes, los jueces y el sistema judicial mexicano, no importan a la mandataria mexicana.

Y con actos de propaganda, al mero estilo de la “Operación Himmler” orquestada por los nazis, el co-gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum, buscan llevar el fenómeno de la posverdad al ámbito jurisdiccional.

ESPRESSO COMPOL

Esta actitud de la Sheinbuam, me hace recordar la posiblemente apócrifa frase: “L’État c’est moi” (“el Estado soy yo”) y que muchos atribuyen al rey Luis XIV. Este enunciado es la mejor metáfora para describir el régimen político absolutista que quiere imponer Morena en México: todas las instituciones, el territorio y la nación son gobernados por una sola peronsa monarca que no está sometido a ninguna restricción institucional ni sujeto a la ley humana y tiene la totalidad del poder. Los que declararon la guerra a los “fifís” actúan como los mejores “fifís” de la Francia Monárquica.

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