La elección inédita

*Francisco Javier Rivera Casillas

No obstante la plena vigencia de la reforma constitucional en materia del poder judicial, aún prevalece en el foro la discusión de los motivos que la impulsaron y la finalidad que persigue.
En el debate destacan la vertiente académica y la política; al margen de estas dos líneas de discusión que en estricto sentido resultan divergentes, hay algunos puntos de coincidencia como lo son la necesaria legitimación social del proceso de elección y la designación de los perfiles idóneos.
Hay voces que lamentablemente pronostican una alta tasa de abstencionismo argumentando principalmente que gran parte de la sociedad desconoce el tema y si lo conocen, prevalece el desinterés de la ciudadanía para salir a votar. Aunado a lo anterior se suma lo complejo del diseño e información contenida en la boleta, factores que a la postre podrían incidir negativamente en la legitimación social del proceso.
Con independencia del tema anterior -que no es menor- surge otro en el que subyace el punto central que involucra la alta responsabilidad de juzgar, me refiero a la elección de las personas idóneas.
Desde mi perspectiva, el concepto de idoneidad no se colma con el simple cumplimiento de los requisitos de ley para ocupar el cargo como podría ser la edad, género o título profesional; la idoneidad a la que hago referencia exige el binomio que lo debe constituir la amplia capacidad profesional para aplicar el derecho y la honestidad invulnerable del juzgador.
Honestidad que se traduce en el cabal cumplimiento del imperio de la ley al dictar las sentencias de forma imparcial e independiente; honestidad que se vincula con la observancia de los principios éticos que son inherentes a la función de juzgar.
La capacidad profesional y la honestidad, son dos cualidades que amalgaman la fórmula para lograr incidir en una mejor y más ágil impartición de justicia que debe estar al alcance de cualquier persona sin distingo alguno.
Amparado en las citadas cualidades, es tiempo de hacer una tregua en la discusión de los motivos y finalidad que persigue la reforma constitucional, ya habrá tiempo para posteriormente evaluar con rigor su implementación y resultados.
Ahora, es momento de asumir con plena conciencia lo que viviremos el próximo primero de junio del año 2025, día en el que elegiremos a quienes deberán dirimir los conflictos en diversas materias; elegiremos a las personas que deberán tomar la estafeta de un poder judicial cuyo diseño institucional en los últimos años se edificó en la carrera judicial basada en el mérito y en las mejores calificaciones como el principal medio para llegar a ser una persona juzgadora.
Hoy lo que importa es informarse, conocer qué está en juego en esta elección y particularmente identificar a quienes participan en la contienda colocando en su justa dimensión a los perfiles que se elegirán; hoy lo que debe interesar es que la institución del Estado mexicano que tiene por competencia aplicar el derecho vivirá una transición histórica y los electores debemos ser los protagonistas al definir con un voto bien informado quiénes serán las personas juzgadoras en los próximos años.
El legislador dispuso las reglas, ahora a nosotros como sociedad nos corresponde elegir de forma libre y democrática a ministros, magistrados y jueces.
Hagamos valer y respetar nuestro voto. Que así sea por el bien del Estado de Derecho.

*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nayarit.