Dr. Abel Ortiz Prado
La informalidad laboral o trabajo informal, engloba todas aquellas ocupaciones y formas de producción, que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal, especialmente por las leyes laborales y hacendarias y que se caracterizan principalmente por: a) no regirse por contratos de trabajos individuales o colectivos b) no recibir prestaciones contempladas en las leyes generales de seguridad social, como salud, pensión para el retiro por invalidez o vejez, seguro de desempleo, vivienda, entre otras y c) no pagar impuestos. En este escenario, un reciente reporte publicado por la organización “Vamos México” nos revela que, al cierre del 2024, el 54.5% de los trabajadores mexicanos transitan en la economía informal, representando este indicador una falla estructural del mercado laboral. Nuestra realidad nos demuestra además una relación directamente proporcional con los “Niveles de Pobreza Laboral” registrados en cada región: Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero no solo tienen de los niveles más altos de pobreza laboral en el país, sino que también tienen las proporciones más elevadas de trabajadores en informalidad laboral. A la inversa, Baja California Sur, Baja California, Nuevo León y Chihuahua, donde la pobreza laboral muestra niveles bajos, también tienen las menores tasas de informalidad laboral. En este contexto al cierre del 2024, Nayarit registra una tasa del 60.1% que supera la media nacional del 54.5% en informalidad laboral.
Una característica que comparten las economías de Latinoamérica es el hecho de que enfrentan dificultades para generar los suficientes empleos formales que demanda la sociedad. En el caso de México, algunas estimaciones nos indican que cada año nuestras instituciones de educación superior gradúan alrededor de un millón de nuevos profesionistas que pasan a engrosar las filas del mercado laboral, y si consideramos que de acuerdo a nuestra infraestructura productiva cada punto porcentual de incremento en el crecimiento económico -medido por el PIB-, solo genera 200 mil empleos, podremos concluir que necesitaríamos crecer sostenidamente a una tasa del 5% anual para contener la informalidad laboral.
En el particular caso del estado de Nayarit, egresa un promedio anual de 12 mil nuevos profesionistas y nuestra economía en un crecimiento venido a menos -4.1% en el 2022 a solo un 0.1% en el 2023-, solo genera 8 mil empleos promedio en los últimos tres años por lo que el rezago estatal asciende a 12,079 empleos. Diversos estudios nos indican que, en el largo plazo, el crecimiento económico per cápita real y la escolaridad de nivel medio y superior -focalizada a las carreras que el mercado está demandando, “no a las que nuestras instituciones están ofertando”- contribuyen a reducir la informalidad. A este respecto, para potenciar la actividad económica de las ciudades y su entorno, el IMCO propone seis recomendaciones destacando en el caso del Eje No. 3. Mercado de Trabajo: Diseñar una política pública que promueva la instalación y expansión de empresas formales, reduciendo las brechas de género -actualmente la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, es de 30 puntos porcentuales). Si México no comienza a implementar políticas que incentiven una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado, no observaremos los cambios que necesitamos para ser más productivos, tener mayor crecimiento económico y, por lo tanto, “mejor calidad de vida”.
Por otro lado, según lo afirma Santiago Levy en su obra “Infraestructura Social: Buenas Intenciones y malos resultados”, ha venido permeando la idea de que, en la economía mexicana, la informalidad tiene que ver con las acciones del gobierno y, en particular, con el desempeño de la política social que genera incentivos que detonan la informalidad y deterioran la productividad, -tema este último que por cierto no se advierte como una prioridad en la agenda pública para su atención-. Por ejemplo, a partir de la reforma al artículo 123 constitucional de finales del 2024, los salarios mínimos se incrementaran por decreto sin guardar relación directa con el incremento en la productividad, al igual que la propuesta de la reducción de la jornada laboral a 40 horas que a decir del Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, repercutirá en un incremento en los costos de ese servicio al tener que triplicar el personal -que representa el botón de muestra- lo cual se traducirá irremediablemente en inflación. Si la recesión económica -estancamiento- que ya se anticipa por los resultados de los últimos dos trimestres se contamina además con inflación, entonces estaremos hablando de que México inicia el 2025 con un preocupante periodo de Estanflación, encendiendo las alarmas de nuestra economía incluso antes del efecto Trump. Lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, -Keynes- sino que olvide las antiguas. [email protected]. Consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público-Privadas
