José Enrique Rodriguez Oceguera
El debate actual sobre qué temas deben ser los determinantes para el desarrollo nacional no deja de estar exento de polémicas. Lo cierto es que como colectividad nos estamos quedando muy atrás ante los tiempos. El diario español El país ha comentado, recientemente, que toda la región latinoamericana se ha contagiado del pesimismo global y que 21 de los 33 países latinoamericanos y del caribe sufrirán de los efectos de la desaceleración mundial en 2019. Para México el pronóstico es de un crecimiento de 0.9% en 2019 y de un 1.9% para 2020 (Carmen Sánchez Silva, El país, 1 de septiembre de 2019). Lejano aún del 4% mínimo para ir pensando en resolver de fondo los problemas económicos de México. Por su parte, el diario El economista previene de los focos rojos que Banxico pronostica para la economía mexicana, provenientes de su minuta del 15 de agosto de 2019, a saber: desaceleración de nuestra economía, posible aumento en la inflación, no generación de empleo, baja de precios en los productos que exportamos y escenarios macroeconómicos desfavorables (Ana Karen García, El economista, 29 de agosto de 2019).
A pesar de estas evidencias, el discurso oficial sigue sin variar. La culpa de todo la tiene el neoliberalismo y los gobiernos afines a esta doctrina (cualquier cosa que esto signifique). «La utopía neoliberal tiende a encarnar en una especie de máquina infernal que se impone a los mismos dominadores», menciona al respecto el intelectual de ultraizquierda Victor Flores Olea, culpando al neoliberalismo de la destrucción de la sociedad y de la historia (La Jornada, 31 de agosto de 2019). Todas estas abstracciones no nos llevan a ninguna parte y distraen las energías colectivas para proponer ideas concretas que, de concretarse, realmente ayuden a nuestra economía.
Ante estas divagaciones, celebro de amplia manera el hecho de que la sociedad civil, a través en este caso de Oxfam México, ponga en el debate nacional un tema como el del Fondo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, a través de la investigación y un debate abierto. En este sentido, el pasado 30 de agosto, en una mesa de trabajo sostenida entre académicos, ex funcionarios y expertos en el tema, se debatió de manera abierta y plural sobre los retos y destino que tendrá dicho Fondo. Sobre este particular, posturas hay y de varios tipos, desde aquellas que ven en la minería una amenaza que debe ser ampliamente vigilada y controlada por sus efectos colaterales negativos como la contaminación o el daño a la salud de los trabajadores mineros, hasta aquellas que, por el contrario, ven en la extracción minera una oportunidad de crecimiento económico que desde hace centurias ha sido provechosa para México, por lo que se debe impulsar.
A la fecha, el tema del Fondo Minero está detenido a la espera de las nuevas reglas de operación y de cambios sustantivos en el Código Minero, la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal de Ingresos que de certidumbre al destino de los recursos del Fondo Minero, esto en congruencia por lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los principales beneficiarios del Fondo Minero deben ser los municipios y comunidades mineras (Karel Moreno García, Diario Expreso, 13 de julio de 2019). Lo que es un hecho, es que no será el gobierno quien a través de tandas del bienestar o mecanismos de entrega directa, administre el Fondo Minero. Hasta hoy, las reglas siguen siendo las mismas que en 2018, sigue siendo un ejercicio en el que participa el sector público, privado y social, a través de los Comités que dan transparencia y legalidad al funcionamiento del Fondo Minero. Lo que también es un hecho es que el Fondo Minero pasa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Minería. Esto último, no se puede considerar del todo ideal, ya que el Fondo Minero surge como un tema de justicia social, para subsanar externalidades negativas derivadas de la actividad minera, no es propiamente un fideicomiso de apoyo a la minería o un fondo perdido para los pobladores que habitan en zonas mineras, como erróneamente se le maneja en el discurso. Y, tampoco, es un instrumento de la política social como se puede pensar (Aleida Azamar, El Universal, 20 de agosto de 2019).
Por último, y en aras de nutrir el debate, también se menciona que «La Sedatu no exigió una rendición de cuentas exhaustiva a los municipios y estados sobre el dinero que se les asignó vía el Fondo Minero, por lo que aún se desconoce el destino de una importante cantidad de recursos” (Dulce Olvera, Sin , 25 de agosto de 2019). Al respecto, es necesario aclarar que la Sedatu no tenía atributos de fiscalización y que, por lo tanto, en los proyectos que no se había comprobado la aplicación de los recursos, se dio vista a los organismos de fiscalización de los estados para que en el ámbito de sus atribuciones hicieran auditorías para la comprobación de los recursos del Fondo. Como conclusión, en todo tema de política pública es fundamental hablar con toda la propiedad, para evitar se opaque el debate sobre el destino de algo tan valioso como el Fondo Minero, en la premura de ganar una nota o un titular político.
Maestro en Políticas Públicas, ITAM
@jerodriguezo
