Redacción Sentido Común
Los derechos sociales consagrados en la Constitución federal y la Constitución local se garantizan, promueven y protegen con disposiciones puntuales en la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Nayarit aprobada en el primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.
El origen se basó en tres propuestas planteadas por las legisladoras Ana Yusara Ramírez Salazar, Érika Leticia Jiménez Aldaco y el legislador Manuel Ramón Salcedo Osuna.
La nueva Ley consta de 83 artículos y cuatro transitorios, que detallan que la política social se sujetará a los principios de justicia distributiva, solidaridad, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, perspectiva de género, equidad, bienestar y desarrollo humano.
En el mismo contenido del nuevo ordenamiento, se garantiza y reconoce que toda persona que habita en la entidad tiene derecho a la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, así como a participar y ser beneficiada de los programas sociales.
El objetivo de la política de desarrollo social en el estado es generar las condiciones para que las personas y la sociedad puedan satisfacer sus necesidades humanas para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.
