Redacción Sentido Común
El presidente francés, Emmanuel Macron decidió declarar estado de emergencia en el territorio de Nueva Caledonia, donde los disturbios contra una reforma del censo electoral dejaron cuatro muertos y cientos de heridos.
Las protestas comenzaron el lunes, cuando la Asamblea Nacional comenzó a debatir en París la reforma del censo electoral, finalmente aprobada el miércoles poco después de la medianoche. Actualmente, solo los votantes inscritos en 1998 y sus descendientes pueden participar en las elecciones provinciales de este territorio.
Tras una primera noche de graves disturbios, con incendios, saqueos y disparos contra la policía, las autoridades del territorio impusieron un toque de queda, prohibieron las reuniones públicas y cerraron escuelas y el aeropuerto.
La presidencia francesa indicó que murieron cuatro personas, entre ellos un policía que se encontraba herido de gravedad. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, informó de «cientos» de personas heridas, entre ellas un «centenar» de policías.
Las protestas contra la reforma, que ya había registrado el visto bueno del Senado francés, no frenaron el procedimiento parlamentario en París. Pero, al tratarse de una reforma constitucional, debe someterse también al voto de las dos cámaras conjuntamente y obtener más del 60% de apoyos para quedar definitivamente aprobada.
Situado a unos mil 200 kilómetros al este de la costa de Australia, este archipiélago es uno de los múltiples territorios de ultramar que Francia tiene esparcidos en el Pacífico, el Índico o el Caribe. Gracias al acuerdo de Numea de 1998, París delegó más poder político a Nueva Caledonia e incluso permitió la celebración de tres referéndums, todos ellos resueltos en contra de la independencia.
El acuerdo de Numea también congeló el censo para las elecciones provinciales en este territorio, en las que no pueden votar casi un 20% de los electores. Considerando la disposición «absurda» y contraria a los principios democráticos, el gobierno francés propuso una reforma constitucional para incluir a las personas establecidas en Nueva Caledonia desde hace al menos diez años.
