Rubén Aguilar Valenzuela
En México se dan las características propias de un Estado narco si se dan por buenas las declaraciones de los criminales pagados (testigos protegidos) que testificaron en el juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Todos ellos en su intervención sostuvieron que por décadas, no solo en el gobierno de Calderón, los cárteles han comprado a las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno. La evidencia señala que esta práctica continúa. La corrupción marca la relación entre el poder y el crimen organizado.
En el pasado, también ahora, la justicia no encarcela y juzga a todos los criminales e incluso se llega al caso de que ya en manos de las autoridades son liberados, lo que es prueba palpable de la debilidad del Estado, que es incapaz de hacerse valer.
El tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos continúa e incluso se ha intensificado en el actual gobierno en particular las drogas sintéticas como el fentanilo que se procesa en el país. Esto no sería posible sin el apoyo de autoridades mexicanas y también estadounidenses.
En el pasado, la participación del crimen organizado en las elecciones a nivel municipal se hizo cada vez más frecuente, pero en este gobierno ha avanzado y ahora participan también en las contiendas para gobernador. La denuncia se ha llevado a organismos internacionales.
Hay evidencia de esa intervención en las elecciones de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y San Luis Potosí, las primeras entidades ahora gobernadas por Morena y la última por su aliado del PVEM.
La acción del crimen organizado se expresa también en los muy altos niveles de violencia que se viven en el país. Desde 2018 el número de los asesinatos anuales se mantiene entre 36 000 y 37 000, que son entre 28 y 30 homicidios por 100 000 habitantes.
En este marco, también como acción el crimen organizado, por lo menos en su mayor parte, se inscribe el asesinato de periodistas. México es el país del mundo que tiene el mayor número. Entre 2019 y 2022 han perdido la vida por lo menos 42 comunicadores.
El poder del narco, que tiende a ser hegemónico, se extiende cada vez en más regiones del país. El Estado narco ya es una realidad en vastas zonas del país. Detener su avance implica, entre otras cosas, cambiar la actual estrategia de seguridad que día a día muestra su absoluto fracaso.
