Giovanni Figueroa
La reforma a la Constitución General, publicada el 15 de septiembre de 2024, en materia de elección popular de las personas juzgadoras a nivel federal, ha representado un reto en su implementación y la generación de un modelo a nivel mundial para establecer un proceso democrático y que las personas elijan a quienes imparten justicia en nuestro país.
Ese reto no es el único que se avecina en la implementación de la reforma; también se debe valorar la idoneidad de los perfiles de las personas juzgadoras que ocuparán dichos espacios jurisdiccionales.
Considero que la reflexión para reconstruir el Poder Judicial de la Federación se debe dar en dos grades rubros: primero, necesitamos que las personas que lleguen a dichos cargos sean expertas y expertos en la materia para la que se postularon, el dominio del saber representa un valor fundamental para que las decisiones que se tomen sean objetivas e independientes; segundo, las personas juzgadoras también deben gozar de un amplio sentido de responsabilidad social, se debe juzgar y resolver con perspectiva humanista y de derechos humanos.
No se puede contar con un alto grado de expertiz a la hora de impartir justicia y perder sensibilidad al momento de analizar cada uno de los casos, ya que, en muchas ocasiones, se relacionan con la libertad de las personas, sus trabajos y salarios, el pago de sus impuestos, sus bienes y propiedades o la estabilidad de sus familias.
Sin duda, y con una clara vocación de transformación, la reforma, más allá de establecer un régimen distinto para el acceso a los cargos en la impartición de justicia, ya sea como jueza o juez, magistrada o magistrado o bien ministra o ministra de nuestra Suprema Corte, lo que busca es consolidar un modelo de Estado social donde la justicia sea una herramienta para eliminar las barreras sociales y de desigualdad y donde los tribunales se conviertan en agentes de cambio que velan por los derechos de todas las personas y son capaces de erradicar las prácticas que discriminan.
Los tintes democráticos que hoy se buscan con este cambio deben ser observados a la luz de los mandatos de nuestra Constitución. Las y los próximos juzgadores deben ser personas honorables, incorruptibles, transparentes a la hora de impartir justicia y cercanos a la gente, que sus sentencias tengan una visión motivada y perceptiva de las exigencias sociales de nuestro país.
La justicia en México debe ser accesible para todas las personas, sin importar su situación económica o social. Debe garantizar la igualdad, evitar cualquier tipo de discriminación y mejorar la vida de la gente, necesita ser una justicia que cambie vidas.
Hoy más que nunca, el pueblo de México exige juezas y jueces republicanos con objetividad, imparciales, interpretativos y humanistas, esa esencia se había diluido.
Necesitamos un Poder Judicial que salvaguarde la Constitución, garantice el respecto de los derechos humanos reconocidos también en instrumentos internacionales, que busque interpretar las leyes y reglamentos de conformidad con la Constitución, pero también que colabore con el Poder Legislativo y Ejecutivo en un proyecto común de país y que mantenga un diálogo constante con la población.
En suma, se necesitan juezas y jueces cercanos a la gente, no aquellos que desde un pedestal emitan sentencias que las personas no entienden. La vocación de cambio requiere de saberes y de transformación en los principios que rigen la actividad judicial.
@DrGiovanniFM
