Redacción Sentido Común
La defensa legal de José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, presentó una serie de argumentos jurídicos para desacreditar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), señalando inconsistencias en la temporalidad de los hechos imputados y posibles violaciones a sus derechos humanos.
Durante una audiencia, los abogados argumentaron que la imputación formulada por los fiscales carece de sustento legal, ya que los testimonios clave de la FGR lo ubican colaborando con el grupo criminal durante un periodo en el que ya no ejercía funciones como servidor público. Para respaldar su postura, mostraron un acta de cabildo del 30 de enero de 2024, en la que se le otorgó licencia para separarse del cargo a partir del 1 de marzo del mismo año, con el fin de contender por la reelección en los comicios locales.
Además, la defensa denunció irregularidades en las diligencias realizadas por el Ministerio Público. Afirmaron que en marzo pasado la FGR citó a Murguía Santiago en calidad de testigo por hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, pero que durante esas comparecencias el agente ministerial realizó preguntas que lo llevaron a autoincriminarse.
Posteriormente, esa declaración fue utilizada como base para solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Los abogados calificaron esta actuación como una violación a los derechos humanos del exfuncionario y advirtieron que recurrirán a instancias judiciales para impugnar la legalidad del proceso penal en su contra.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos de la defensa.
