Rubén Aguilar Valenzuela
El 1º de agosto se realiza una consulta popular que no consulta nada y no vincula a nada. Es la primera que tiene lugar con la nueva ley que norma este tipo de ejercicios. El presidente López Obrador al inicio de su gobierno, de manera espontánea y a mano alzada, organizó consultas, para “legitimar” decisiones que ya tenía.
En esas ocasiones participaron muy pocas personas y la única regla fue la voluntad del presidente. Nunca se hizo pública la metodología y los resultados no fueron transparentes. Se hizo lo que éste quiso. La SCJN pudo evitar la próxima farsa, pero concedió, sin conceder, la consulta que el presidente quería como un ejercicio de propaganda política.
El presidente proponía llevar a consulta si se juzgaba o no a cinco expresidentes. La pregunta era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones?”
La SCJN le enmendó la plana y la pregunta quedó así: “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Es evidente que si hay un delito que perseguir las autoridades en cualquier caso lo deben hacer. Es su obligación. No hay excepciones. Así lo señala la ley. La aplicación de la justicia no está y no puede estar a consulta popular. En un Estado de derecho no ha lugar a los juicios a mano alzada en la plaza pública.
El propósito del presidente era, lo sigue siendo, un acto de propaganda política. La idea original era colocar una pira en el quemadero de la inquisición donde serían ejecutados cinco expresidentes. Para eso era indispensable que en la pregunta estuvieran sus nombres. Ya no están. El espectáculo pierde interés. No convoca.
De todos modos un tema central de las próximas mañaneras del presidente será invitar a sus simpatizantes a que voten si se juzga o no a los expresidentes aunque la pregunta ya no sea esta. Habrá que ver su capacidad, para convencer a los suyos de que vayan a votar en un ejercicio de autoengaño.
Para ésta y próximas consultas ahora hay reglas. La organiza el INE, que ha dicho no tener presupuesto, para llevarla a cabo, pero que de todos modos la sacará adelante con la capacidad manifiesta que la institución tiene. Para que sea válida y obligue a las autoridades se requiere que participe el 40 % del padrón electoral.
En la pasada elección de junio, la más grande de la historia, participó el 52 %. Es muy difícil, casi imposible, que ahora salga a votar el número que exige la ley. Para el presidente ese sería el ideal, pero lo importante no es el ejercicio. Lo que es relevante es el pretexto, para articular su discurso de juicio al “pasado” que se ha propuesto destruir.
La consulta nada tiene que ver con la justicia es solo propaganda política. Al presidente se le da. Es lo mejor que sabe hacer. Lo disfruta. Y a los suyos les gusta consumir lo que éste les ofrece. Los alimenta y los hace parte de una causa, la de su líder y mesías, que los invita a juntos hacer historia. Lo creen, aunque cada vez son menos.
