Antonio Hau
Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Venustiano Carranza, en Tepic, solicitaron la intervención del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ante la presunta fabricación de delitos y la falta de resoluciones judiciales. Así lo denunció Yaneli Santiago Moya, hija de uno de los internos afectados.
“Somos un grupo de familias que pedimos el apoyo del gobernador. Nuestros familiares están presos sin haber cometido delitos. Actualmente somos cuatro familias organizadas, pero hay aproximadamente 400 afectadas”, señaló.
En el caso de su padre, Octavio Santiago Guardado, abogado de 65 años, se le acusó inicialmente por un delito prescrito desde 2012. Aunque un juez federal corrigió el error y determinó que el delito sí había prescrito, las autoridades locales ejecutaron una nueva orden por otro delito, esta vez de fraccionamiento ilegal, sin víctimas ni daños que reparar.
También denunciaron casos como el de jóvenes detenidos con pruebas sembradas y del señor José Manuel Rodríguez Rodarte, a quien presuntamente se le exigieron 200 mil pesos para salir libre. Al no pagar, fue condenado a 35 años de prisión.
Los familiares exigen una revisión urgente de estos casos y atención inmediata del gobierno estatal.
