Dr. Abel Ortiz
Durante el ejercicio fiscal 2017, los estados con las mayores asignaciones de gasto destinado al Poder Judicial por habitante fueron: Campeche y Quintana Roo de la Región Sur-sureste; Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí de la Región Centro y Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Nuevo León de la Región Norte con proporciones superiores a los $ 350.0 per cápita. En contraposición los estados de Tabasco y Chiapas de la Región Sur-sureste; Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla de la Región Centro; y Sinaloa de la Región Norte, presentan un gasto asignado para este poder inferior a los $ 200.0 por habitante. En este escenario es importante destacar que el promedio estatal del gasto en el Poder Judicial de las Entidades Federativas ascendió a $ 294.7 por habitante, en tanto que para 2018 este indicador se presupuestó en $ 293.9 por habitante marcando una modesta tendencia hacia la baja en este indicador.
Al revisar el monto de las asignaciones presupuestales de las entidades Federativas para el ejercicio fiscal en 2018, se puede apreciar que estas incrementaron el gasto presupuestario del Poder Judicial de los Estados en apenas un 0.7% en relación con lo ejercido en el 2017, contexto en el cual Coahuila, Chihuahua e Hidalgo, son las entidades federativas que más incrementaron sus asignaciones presupuestales mientras que Campeche, Oaxaca y Tlaxcala fueron las que mayor ajuste a la baja registraron, contexto en el que Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo, puntearon como los estados con presupuesto más alto para el Poder Judicial en este ejercicio fiscal. En este sentido resulta pertinente destacar que el 62.4 por ciento de los delitos que no se denuncian, responden a causas atribuibles a la autoridad, tales como la presencia de procesos largos, la tramitología, la desconfianza y hostilidad por parte de la autoridad judicial según nos revela un reporte de la consultora aregional.
Un análisis comparativo de los Consejos de la Judicatura de las Entidades Federativas nos revela que solo Nayarit rebasa el número de los 7 consejeros a nivel nacional sin que esto haya representado ventajas comparativas en relación con los resultados reportados. En línea con lo anterior, la iniciativa de reforma constitucional aprobada la semana pasada, destaca que a 8 años de la reforma 2009 a la Constitución Política del Estado de Nayarit que incrementó significativamente el número de magistrados desde 7 a 17 para integrar junto con dos jueces de primera instancia más el Consejo de la Judicatura Local, resulta pertinente analizar si dicha reforma responde a las exigencias sociales de que la impartición de justicia sea pronta, imparcial y de calidad, adelantando el iniciador que desafortunadamente la respuesta no es la más halagüeña. Así pues la reforma se orienta a posicionar a Nayarit como uno de los estados con mayor optimización en el gasto jurisdiccional y administrativo a nivel nacional.
