Redacción Sentido Común
Durante el seminario «Ley de Seguridad Interior», senadores y académicos reunidos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron en que dicha ley viola los derechos humanos de la población.
Pedro Salazar, director del IIJ, expuso que desde la aprobación de esta ley en diciembre del 2017 han sido interpuestas ocho controversias constitucionales emitidas por distintos organismos debido a los riesgos que representa. «Con la estrategia militar para combatir al crimen, la violencia no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado… Tanto el proceso legislativo, como su resultado (la promulgación), abonan en el terreno de un Estado autoritario de derecho», señaló. Uno de los riesgos, según el especialista, es que esta nueva legislación abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración de justicia y dé paso a una política de militarización.
John Ackermann, investigador del IIJ, precisó que la Ley de Seguridad Interior replantea la política impulsada por Lázaro Cárdenas, con la que despolitizó a los militares e institucionalizó las fuerzas armadas. Añadió que desde 2002 el país forma parte del Comando Norte, un perímetro de seguridad de Estados Unidos. Es decir, la confusión entre la defensa nacional y la seguridad interior en realidad responde al cumplimiento de compromisos que el país tiene con EU.
Por su parte, Marcela Torres Peimbert, senadora por el PAN, expuso que más allá de los escasos resultados que la intervención militar ha tenido, su efecto se traduce en violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de los migrantes.
Angélica de la Peña, senadora por el PRD, declaró que uno de los principales problemas es que los gobernadores no constituyen sus fuerzas policiacas; «el resultado es que las fuerzas armadas hacen las labores de seguridad pública, sin que se disminuyan los delitos. Al finalizar el gobierno de Calderón había 10 entidades con seguridad militar, hoy son 28», situación que ha conllevado a violaciones a los derechos fundamentales y al incremento de la violencia.
El senador por el PT y Morena, Manuel Bartlett Díaz, precisó que esta ley tiene su origen en la iniciativa Mérida, acuerdo insconstitucional creada por los presidentes Bush y Calderón. En la iniciativa se estipula que EU asesora a México y le otorga recursos para comprar armas, lo que da permiso al país vecino a vigilar lo que hacen los mexicanos.
Alejandro Encinas, senador independiente, indicó que esta ley representa una «tentación» para las fuerzas armadas puedan cometer violaciones. «Hoy las víctimas son dirigentes sociales, políticos, candidatos… Es una ley que da cuenta de la debilidad del Estado», añadió.
Con información de la Agencia de Noticias de la UNAM
