Francisco Javier Castellón Fonseca
No. Claro que no fue un error el recorte a las universidades públicas, incluyendo a la UNAM. Los técnicos de la Secretaría de Hacienda se pasan meses enteros cuadrando las cuentas y consultando con las cabezas del sector público, y hasta con el presidente, las decisiones políticas que acompañan la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año. Nadie cree la patraña del error, que se va a compensar quitando una suma similar a la del “error” a otros rubros presupuestales.
Quienes tienen el defecto de ser suspicaces, podrán recordar que una de las fobias del ejecutivo federal ante las opiniones que se expresaban en contra de la reforma judicial obradorista fue hacia los juristas del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM que advertía de cientos de deficiencias que contenía dicha reforma. El señalamiento del presidente contra los juristas fue de tal magnitud, que la rectoría de la UNAM tuvo que deslindarse de ellas. Nadie puede ignorar las acusaciones de “conservadora”, “elitista” y de “derecha” que Andrés Manuel lanzó contra la Universidad Nacional en varias ocasiones, así como de las críticas de corrupción y cacicazgo hacia algunas universidades públicas en el país, lo que muchos gobernadores interpretaron como el inicio de una ofensiva contra las universidades públicas estatales que no se sujetaran a las políticas oficialistas o que su situación fuera demasiado molesta para la gobernabilidad de sus estados.
En varias entidades, la ofensiva se ha llevado a cabo de manera sistemática, sobre todo en términos presupuestales y de permanente acoso político. En Sinaloa y en Baja California, los congresos y gobiernos estatales incluso, han impulsado reformas a las leyes orgánicas sin consultar a las comunidades universitarias y en general, se ha fomentado la narrativa oficial que acusa de corrupción o levanta sospechas de malos manejos a las autoridades de las universidades, criminalizando incluso, a los universitarios que se opusieron a tales medidas.
En dicha actitud domina una falsa idea sobre el trabajo académico en las universidades, donde la pluralidad es parte de la naturaleza misma de la institución y donde se generan opiniones, que muchas veces nada tienen que ver con lo que piensan los directivos universitarios y que los gobernantes desde el poder, las ven como un agravio de la institución. Eso ha pasado desde los tiempos de Diaz Ordaz hasta la fecha. En ese entonces “los provocadores” eran tachados como comunistas, luego como guerrilleros, después como vándalos, luego anarquistas y ahora como conservadores y privilegiados. En suma, las universidades autónomas siempre han sido incómodas para el poder público, sin importar el signo ideológico del gobierno.
Al asumir esa postura, los gobernantes pretenden ignorar que en las universidades públicas se forman la gran cantidad de profesionales que van a contribuir a la vida económica, social y cultural del país, que es el espacio donde se llevan a cabo las investigaciones científicas y tecnológicas más avanzadas del país y donde se genera la mayor oferta cultural en todo el territorio nacional. Debilitarlas por supuesto, contribuye a fortalecer a la educación gerencial y privada que ofrecen las instituciones particulares como una opción viable ante el acoso presupuestal y político que enfrentan las universidades públicas.
Cabe señalar que al mismo tiempo que se pretendió reducir el presupuesto a las universidades autónomas se incrementó geométricamente a las universidades que el régimen pretende impulsar, como las Benito Juárez, la Rosario Castellanos y de la Salud. Están en su pleno derecho. Pero el impulso de unas no debe ser en demérito de las otras.
El panorama para las instituciones públicas de educación superior no pinta bien y se ve peor para universidades como la nuestra que cayeron en desgracia financiera por múltiples motivos y que el estado mexicano no les ofrece ninguna opción real para superarla, a pesar que en su interior el trabajo no para y la creatividad brota, aunque no haya dinero ni para comprar papel sanitario para los baños, mucho menos para mejorar las condiciones laborales de su personal que se han estado deteriorando de manera creciente y amenaza seriamente la calidad académica. Además, Todavía falta que llegue diciembre.
