Redacción Sentido Común
Diputados de distintos partidos políticos impulsan reformas a la Ley General de Salud en materia de eutanasia, con el propósito de garantizar el derecho a una muerte digna y sin dolor a todos los pacientes con una enfermedad terminal.
La iniciativa impulsada por legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y PVEM, señala que, aunque se trata de un tema que ha generado polémica, los organismos internacionales y de derechos humanos, no han sido indiferentes a esta discusión que cada vez se da con mayor intensidad.
Se destaca que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), ha aportado al desarrollo del tema. por el indivisible vínculo que existe entre la muerte digna y el derecho a la protección de la salud.
Ha manifestado que “los proveedores de asistencia sanitaria deben evaluar y aliviar el sufrimiento físico, psicológico y social del paciente en situación terminal.
La propuesta destaca que en México, de acuerdo a una encuesta realizada por la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad, 70 por ciento de los encuestados estaría de acuerdo en que se legisle para que existan reglas que permitan a las personas decidir sobre su propia muerte cuando sufran una enfermedad incurable y se encuentren en situación terminal.
Subrayaron que más allá de las creencias y opiniones, es un hecho que la población en nuestro país está envejeciendo y la transición epidemiológica nos indica que la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles continuará creciendo en las próximas décadas.
Indicaron que el marco legal, debe realizarse considerando, no solo a aquellos pacientes que tienen limitaciones físicas que les impidan ejercer su derecho al libre de desarrollo de su personalidad, sino también tomando en cuenta situaciones con sufrimiento intenso.
Destacaron que los instrumentos que se utilicen para permitir una muerte digna y sin dolor, basada en la decisión individual del paciente, deben contemplar aspectos psicológicos y estar diseñados de manera sencilla, efectiva, con corta duración, fácilmente comprensibles, rápidos de administrar y no causar una carga administrativa que imposibilite u obstruya el ejercicio del derecho a la vida, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
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