Mariana García
México antes del coronavirus ya vivía un declive en la economía nacional, en el primer trimestre del 2020 se tuvo un PIB de (-) 1.6% (INEGI, 2020), que implica una reducción de (-) 2.4% con respecto al año anterior. A pesar de estar en un proceso de supuesta “4ta. Transformación” (4T) y dejar el neoliberalismo atrás –aspecto cuestionable- se visualiza dificultades en el modelo de desarrollo y en la economía nacional. Así también el nivel de desempleo para enero del 2020 aumenta a 3.7%, mientras que para enero del 2019 era de 3.5%; sin embargo se considera que se mantiene estática la informalidad en el país con un 56%; donde todas sino la gran mayoría son microempresas.
Hay que tomar en cuenta que antes del coronavirus ya existía informalidad, desempleo, outsourcing, pauperización y precarización del trabajo, una economía dependiente de Estados Unidos y la inversión extranjera directa, disminución en la actividad productiva, fragilidad del Estado mexicano en la formulación de políticas públicas exitosas que despunten en un desarrollo económico y social.
A finales de febrero se registra el primer caso en México de Coronavirus, sin embargo aumentan los decesos a causa de “neumonía atípica”, registro que empezó a causar incertidumbre en la información que proporcionaba el gobierno federal. En esta fase 1, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, nos indica que gracias a modelos matemáticos–estadísticos se puede medir la evolución y propagación del virus, y de alguna manera tener una certidumbre del tiempo que durará esta pandemia en el país (hoy día sabemos que el modelo no ha sido eficiente); ahí empezamos a escuchar la frase “el pico de la curva”, entendiendo que será la fase más grave de la pandemia. Esta es inminente, sin embargo se puede “suavizar”, así como la curva de la normal, para que los que enfermen gravemente puedan tener atención médica, sin colapsar al sistema de salud. Pero con eso también entendemos que es imposible parar el virus y que llegará a nuestros cuerpos.
La política de salud para la fase 1 y 2 se basó en concientizar a la población con la “SuSana Distancia”, “Quédate en casa”, “lavar las manos con agua y jabón”, “usar cubrebocas”, mostrando la importancia de resguardarse, mantener la distancia y las medidas de sanidad. Aunado a esto, crearon un decreto presidencial donde clasificaron las actividades productivas como “esenciales” y “no esenciales”. Con esta clasificación se vio afectada la rama empresarial, desde las empresas transnacionales (que no perdieron oportunidad de flexibilizar el decreto para seguir en operaciones) hasta las microempresas, que no poseen gran poder político para presionar al gobierno. Así también se unieron los grandes empresarios del país, para usar los medios de comunicación, sobre todo TV Azteca, para presionar al Estado y hacer ver que la economía no se podía detener a ningún precio, y que las empresas se tenían que reabrir, para evitar el colapso de la economía nacional; mezclando discursos desde las necesidades de la población para vivir día a día, como la necesidad de la empresa y el mercado de seguir sin parar.
Para el segundo trimestre del 2020, se puede observar una caída del PIB del (-)17.3%, con respecto al trimestre anterior; a esto los líderes de opinión, comandados por las empresas, lo han interpretado como la consecuencia de las políticas del Estado para parar la pandemia. De ahí, de hacer más presión para obligar al Estado a reactivar la actividad económica. A pesar de que abril y mayo se contabilizaron más de 390 mil 500 contagios y 43 mil 680 decesos a nivel nacional. Para estos meses se clasificó a México como el 4to. país a nivel mundial con mayor cantidad de decesos por COVID-19.
El 1 de junio se estableció un “plan gradual hacia la nueva normalidad”, donde se entiende que la reactivación económica y social será escalonada. Esto se da en medio del semáforo naranja y rojo, lo cual significa la etapa más grave de contagio en el país, cosa que es incoherente ante las medidas precautorias del gobierno. Pero es la respuesta del Estado al no poder contener más la crisis económica, ni la presión del sector empresarial, y de la población que no aguantan más. Esto es parte de una dinámica neoliberal, donde el capital y el mercado deben prevalecer a pesar de la pandemia, poniendo en riesgo a la clase trabajadora.
Las medidas de la contingencia han provocado el cierre de negocios generando desempleo y migración interna en el país; la población que tiene un ingreso seguro e integro están presentándose a sus labores físicas, si es que son esenciales, y si no, están en el “home Office”. Algunos otros empleados, que han conservado su trabajo, se les paga sólo el 50% de su sueldo, agudizando la pobreza –a esto Lorenzo Meyer le ha nombrado los “pobres nuevos”, donde parte de la clase media ha bajado su nivel de ingresos y por ende su nivel de vida. Dentro del discurso del Estado ha estado presente, desde su campaña política, el manifiesto de “primero los pobres”, el problema dijera Meyer, es que los programas están hechos para los pobres de siempre y ahora los “pobres nuevos” requieren otro tipo de programas y políticas; y habría que exponer que la pobreza de siempre se ha agudizado su situación y sus problemas sociales y económicos. La disyuntiva del Estado es a ¿quién ayudar? Y ¿cómo?, ya que también los recursos son escasos y la intención de hacer recorte presupuestal y desaparecer fondos y demás programas e instituciones para redirigir esos recursos a los “pobres”, ha fracasado. El Estado con estas medidas sólo ha mostrado su incapacidad para resolver el problema económico y el problema de salud; dejando libre al mercado para que siga la maquina de la producción.
A todo esto sumemosle la polarización de la población, tanto de la aceptación y no del gobierno de la 4T y sus políticas; como por lo fidedigno y no de la existencia del Covid-19; que para un estrato de la población es una farsa del Estado y de los organismos internacionales para maniatarnos; de tal manera que no cumplen con ninguna medida de sanidad y están expuestos al virus. Muchos de éstos últimos es la población rural, pobres, o que tienen un bajo nivel de estudios. Mientras que los primeros que están en contra del Estado es la clase alta y empresarial que crítica cualquier movimiento realizado por éste, así como muchos analistas, periodistas y demás. Sumémosle a que en la fase 1 los contagios estaban presentes en la clase alta y media alta; sin embargo hoy día podemos ver un revés, donde la mayoría de los que se han contagiado y muerto es la clase trabajadora y los más desfavorecidos.
Hasta el 3 de agosto llevamos 444 mil casos confirmados, 48 mil 012 muertes en el país, registradas como causa Covid-19. Para julio, el sector salud estaba al 74% de su capacidad de camas. Hoy día las camas y respiradores, así como personal del sector salud disponibles para enfrentar la pandemia han disminuido; ya que el propio personal debido a las condiciones paupérrimas de trabajo han sido los que más se han contagiado, seis veces más que en china. Hay que decir que en medios internacionales se ha señalado que el gobierno mexicano no ha mostrado cifras reales de contagios y de muertes, que están por debajo a la realidad. Incrementando la incertidumbre y la desconfianza hacia el gobierno.
En esta cuarentena y/o pandemia ha quedado al descubierto la inestabilidad económica de la mayoría de las micro, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas; la pauperización y precarización del trabajo en México; que no hay seguridad social para la mayoría de la población; una incapacidad de los gobiernos federales, estatales y municipales para hacer frente a la pandemia y proteger a la población en términos económicos, sociales y de salud; la fragilidad, atraso y crisis del sector salud; el aumento de la inflación en productos alimenticios; la falta de acompañamiento y compromiso del sector empresarial hacia los trabajadores; los servicios de baja calidad del internet; la incapacidad del sector educativo para realizar su función y lo obsoleto que estamos en el uso de las TIC´s; la visibilización y agudización de la violencia en los hogares; la falta de políticas públicas eficientes para resolver la crisis mediática, desde mantener a la gente en casa hasta el uso de los recursos públicos para resolver la situación económica y de salud.
