José Enrique Rodríguez Oceguera
En este mes de septiembre, donde las conversaciones sobre la historia de México suelen hacerse más frecuentes entre conocidos, salen a relucir las distintas interpretaciones que sobre el pasado tenemos. Este derecho a interpretar el pasado como queramos es un principio de libertad que, por ejemplo, no existe en España donde el pasado es sujeto de inquisición por parte del Estado, al declarar, por medio de la ley de memoria histórica, que hay buenos y malos, víctimas de segunda o primera categoría. Sin embargo, el límite a esta libertad de expresión que consagra nuestra Carta Magna -en su artículo sexto- está dado por “el caso de que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros”.
Asesinar es, además de un delito, un acto inmoral. Hacer apología del terrorismo, de la violencia, del odio, entran dentro de las categorías de perturbar el orden público. Es decir, la vida democrática y de libertades que gozamos y aspiramos sostener. Justificar lo contario, supone, así de sencillo, ir contra el orden constitucional, como lo hace, a diario, el actual gobierno federal y sus satélites al interior de la república.
El pasado 17 de septiembre, el director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón, publicó -tanto en sus redes sociales como en la cuenta oficial de dicho instituto- una reseña a propósito de la conmemoración de un aniversario más del asesinato del empresario neolonés Eugenio Garza Sada (acaecido en 1973), a manos de un grupo guerrillero autodenominado Liga 23 de septiembre. En esta comunicación, Salmerón calificó como “jóvenes valientes” a sus secuestradores y asesinos. La reacción vino de inmediato en redes condenando tal declaración, lo que obligó a Salmerón a quitar el calificativo de “valientes”. Pero, el daño estaba hecho. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Tecnológico de Monterrey (que Garza Sada fundara en 1943), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), intelectuales, políticos y algunos senadores de la república, exigieron la retractación inmediata de Salmerón, además de su remoción del cargo de director del INEHRM.
Desde luego, a la fecha, tanto el gobierno federal como los líderes de opinión de la autodenominada Cuarta Transformación han salido a justificar los dichos del historiador
Salmerón. Sus argumentos son de lo más simplistas: era la época, era un momento distinto, el gobierno era autoritario, ilegítimo. Y, con ello, se convierten en apologistas del terrorismo, sancionado duramente en el artículo 139 del Código Penal Federal: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años… A quien… realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
Tras todas las presiones posibles, Salmerón tuvo que renunciar a su cargo de director general del INEHRM, el 21 de septiembre de 2019, no sin antes escribir una carta dirigida al titular del ejecutivo donde se justificaba aduciendo libertad de cátedra y pensamiento. Pero algo simple se le olvidó a Salmerón, era funcionario y el serlo implica obligaciones y en lugar de cumplir con ellas, se le hizo muy fácil culpar a abstracciones como la derecha para justificar su salida.
Salmerón justificó un secuestro y asesinato, lo menos fue el puesto, en lugares distintos podría iniciarse investigación contra él por instigar al odio y hacer apología del delito.
Maestro en Políticas Públicas ITAM
@jerodriguezo
