Rubén Aguilar Valenzuela
El asesinato el pasado 27 de abril de Ángel Yael Ignacio Rangel (19), estudiante de la Universidad de Guanajuato, a manos de la Guardia Nacional (GN), ha puesto sobre la mesa de la discusión la actuación de esta instancia de seguridad del Estado formada y dirigida por militares.
Lo que ocurrió en ese crimen, dice el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, es que “obedeció a una lógica castrense de eliminar al enemigo y no de una lógica de civil de garantizar la seguridad ciudadana respetando derechos”.
Esta organización de la sociedad civil ha registrado que la GN ha privado de la vida a por lo menos 94 personas en el lapso que va del 27 de mayo de 2019 al 23 de abril de 2022. Esta instancia del Estado no ha hecho públicos los informes detallados del uso de la fuerza en clara violación del artículo 32 de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.
La corporación de carácter militar sostiene que solo en cinco de los asesinados fueron “civiles” los que murieron como efecto de los daños colaterales de sus operaciones y que los otros 89 eran “agresores”. Distinción inaceptable desde los principios universales de los derechos humanos como lo señala el centro de los jesuitas.
A nivel mundial preocupa el enfoque militarista de la seguridad pública que ha adoptado el gobierno de México tal como la señala el Informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED-ONU), dado a conocer en abril pasado, después del trabajo de campo que hizo en México.
En el mismo sentido se pronuncia el Informe Anual 2020-2021 de Amnistía Internacional (AI) y el Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch (HRW) que afirma el presidente ha ampliado el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
El caso de Ángel Yael Ignacio Rangel ha hecho evidente y público, algo ya conocido entre las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan a favor de los derechos humanos, y es que la GN “opera sin controles robustos”, como lo dice el Centro Prodh.
Quien añade que “los controles propios de la Guardia Nacional están afectados de parcialidad: La Unidad de Asuntos Internos (…) está en manos de exmilitares provenientes de una institución oscura y autoritaria como es la Policía Judicial Militar, y tienen además preocupantes antecedentes en materia de derechos humanos”.
Y en su análisis plantean que “si se sigue con el creciente protagonismo castrense sin fortalecer los controles civiles externos y si no se adoptan medidas de fondo para que hay justicia en los temas pendientes de violaciones a los derechos humanos, dejando que las Fuerzas Armadas se queden legalmente sin reconocer su historial de violaciones a derechos humanos impunes, casos como el de Ángel continuarán”. Lo terrible es que así va a hacer.
