Rubén Aguilar Valenzuela
¿Qué hacen las autoridades competentes con un hombre que es el fiscal de la República que se demuestra ha utilizado todos los medios a su alcance, para encarcelar a una inocente? ¿Se le juzga y lleva a la cárcel? Pienso que sí.
El presidente, en sus comparecencias mañaneras, ejercicio de propaganda política y no de información, ha defendido una y otra vez al fiscal que puso, Alejandro Gertz Manero, del que ha dicho que le tiene toda la confianza. Y esto a pesar de diversos casos que muestran abuso del poder y corrupción de parte del fiscal.
Los magistrados integrantes de la SCJN, por unanimidad, llama la atención que también los ministros que ha impuesto el presidente, se pronunciaran en contra de la acción de un integrante del actual gobierno. ¿Lo hicieron por decisión propia?
El voto unánime fue en el sentido de que no había pruebas de que Alejandra Cuevas Morán, presa desde octubre de 2020, por el supuesto delito de homicidio doloso de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal. Y también, como parte de la misma causa, decretaron la cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán Servín (94), pareja del hermano del fiscal por 52 años.
En el caso también está implicada y juzgada, la Fiscalía de la CDMX, que fue la que presentó la acusación por homicidio contra ambas, a petición del fiscal general de la República, y para que se encarcelara a Cuevas Morán. Acusación, que sin fundamento, fue avalada por jueces del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Los ministros dejaron en claro que la Fiscalía de la CDMX actuó fuera de la ley al haber encarcelado a Cuevas Morán al acusarla de “cuidadora accesoria”, figura que no existe en el Código penal de la CDMX, todo por complacer al fiscal de la República. Éste y también la fiscalía capitalina deben de dar la cara y explicar su alianza, para encarcelar a una inocente y violarle sus derechos humanos.
El ministro José Luis González Alcántara propuso que la SCJN reconociera que Cuevas Moran sufrió “una afectación injustificada por parte de órganos del Estado a su derecho de libertad provisional” y que debería reconocérsele el carácter de víctima de violación de los derechos humanos, para que busque se le conceda la reparación del daño que se le ha causado.
Gertz Manero está ya descalificado, para ejercer el cargo de fiscal de la República y debería ser sujeto a un juicio por abuso de autoridad, uso del aparato de Estado para fines particulares, encarcelamiento injusto y violación de los derechos humanos. Eso ocurriría en un Estado de derecho. No en México.
Queda por ver lo que hará el presidente. Por lo pronto, pese a las evidencias y resolución de la SCJN, en la mañanera del martes 29 de marzo dijo que confía en su fiscal. En su gobierno en muchas ocasiones le ha resultado funcional. Ha cumplido lo que se le ordena. ¿Quién puede confiar en este fiscal? ¿Cuánto tiempo podrá aguantar en el cargo? ¿Hasta cuándo el presidente pagará el costo de sostenerlo? Esto está por verse.
