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FISCALIZACION 2020 EN EL ESTADO DE NAYARIT

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Dr. Abel Ortiz

De acuerdo con el maestro José Ángel Nuño Sepúlveda, investigador del INDETEC, entendemos por disciplina financiera: El cuerpo normativo en el cual se establecen lineamientos en materia de presupuesto, endeudamiento, transparencia y rendición de cuentas, y para la presupuestación y ejercicio de los ingresos y gastos, así como para la contratación de deuda de los gobiernos subnacionales y sus organismos. Mejor descripción no podríamos tener respecto al contenido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual es Reglamentaria de la reforma constitucional publicada en el DOF el 26 de mayo de 2015, instrumento jurídico que debe ser ampliamente conocido por las autoridades estatales y municipales en toda su extensión ya que el informe de fiscalización 2020 de la Auditoria Superior de la Federación acusa falta de conocimiento y aplicación. En este sentido es importante destacar algo que a muchos ha sorprendido con la fiscalización del cumplimiento de la LDFEFM previsto en el artículo 60 de dicho cuerpo normativo que a la letra dice: “La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

En apego a esta disposición, las principales observaciones determinadas en 2020 por la ASF para Nayarit se refieren principalmente a: 1. Obra Pública: obras pagadas no ejecutadas; terminadas que no funcionan y; penas convencionales no cobradas a contratistas. 2. Compras Públicas: falta de documentación comprobatoria y. 3. Monto por aclarar; por la cantidad de $ 3,138.3 mdp. Ahora bien, por lo que corresponde a las áreas de oportunidad en lo relacionado al cumplimiento de la LDFEFM se resumen en lo siguiente: I. Falta acreditar origen y destino de las ampliaciones presupuestarias. II. No se cumple con la obligación de aportar a un fideicomiso público, recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. III. No se respeta el límite al pago de servicios personales, el cual no puede sobrepasar lo máximo permitido durante el ejercicio fiscal (artículos 10, fracción I, 13, fracción V, y sexto transitorio de la LDFEFM) IV. No se observa el “Tope” de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (ADEFAS), previstos en el proyecto de presupuesto de egresos; podrán ser hasta por el 2.0 % de los ingresos totales de la respectiva entidad federativa para el ejercicio fiscal 2020, V. No se destinan los ingresos excedentes de libre disposición en los rubros indicados en la ley. VI. Las obligaciones a corto plazo no deben exceder del 6.0 % de los Ingresos totales aprobados en la ley de ingresos y VII. No se debe rebasar el Techo de Financiamiento Neto. 

Por lo que corresponde al Informe de Fiscalización Local 2020 presentado por la Auditoría Superior del Estado, -disponible en la dirección electrónica http://www.asen.gob.mx/s2018/Rfiscalizacion.html- describe que se efectuaron 83 Auditorías a un total de 38 entes fiscalizados, de las cuales 34 fueron de Auditoría Financiera; 24 Auditorías de Obra Pública y 25 Auditorías al Desempeño. Las observaciones entre los tres poderes del Gobierno Estatal y los 20 Ayuntamientos alcanzan el número de 670, incrementándose en 108 con relación al ejercicio fiscal 2019, en tanto que el monto observado paso de $ 106.0 mdp a $ 170.5 rompiendo la tendencia a la baja que se había registrado durante el periodo del 2017 a 2019, en donde inexplicablemente de $ 889.5 mdp bajó a $ 106.0 lanzando una señal equivocada a la sociedad de una mejora en la administración pública, aspecto que se corrobora con la presentación de 22 denuncias en la presente semana contra servidores públicos involucrados en presuntos actos de corrupción. La Universidad Autónoma de Nayarit por su parte sigue entre los entes más focalizados al registrar un importe pendiente de aclarar ante la ASF por $ 101.8 mdp y $ 6.4 mdp ante la Auditoría Superior del Estado. Finalmente, en el informe de la ASEN se advierte un área de oportunidad para la mejora continua, ya que no incluye un apartado de propuestas legislativas y recomendaciones para la elaboración del siguiente presupuesto de egresos, derivadas de la fiscalización. aborpra@hotmail.com Consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público Privadas.

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